El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, expresó su profundo pesar por la muerte de dos civiles durante una persecución, un suceso que calificó como un hecho grave que exige respuestas inmediatas. En un mensaje dirigido a la sociedad, el mandatario estatal aseguró que las familias de las víctimas recibirán todo el respaldo necesario, tanto en el ámbito emocional como en el legal, para enfrentar esta dolorosa pérdida.

Gallardo Cardona instruyó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, para que atienda de manera directa y personalizada a los familiares, garantizando que cuenten con el apoyo que requieran en estos momentos difíciles. “No podemos permitir que estos hechos queden en la impunidad”, subrayó, al tiempo que exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) agilizar las investigaciones para esclarecer los detalles del incidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

El gobernador también hizo un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con transparencia y eficacia, asegurando que la justicia prevalezca. “Es fundamental que la ciudadanía confíe en las instituciones, y eso solo se logra con resultados concretos”, afirmó. Además, destacó que este tipo de eventos refuerza la urgencia de continuar con las acciones para erradicar la presencia de grupos delictivos en la entidad, especialmente en municipios como Matehuala, donde persisten focos de inseguridad.

En ese sentido, Gallardo Cardona reiteró su compromiso de “limpiar” por completo la región de actividades ilícitas, aunque reconoció que el camino aún presenta desafíos. “No descansaremos hasta que San Luis Potosí sea un estado seguro para todas y todos”, declaró, subrayando que la prioridad del gobierno estatal sigue siendo la protección de la vida y el patrimonio de los ciudadanos.

Mientras tanto, las autoridades locales mantienen bajo estricto seguimiento el desarrollo de las investigaciones, con el objetivo de ofrecer respuestas claras a las familias afectadas y a la sociedad en general. El caso, que ha generado indignación en la comunidad, pone de manifiesto la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad en la zona, donde la violencia ha dejado una huella profunda en los últimos años.

La Fiscalía, por su parte, ha iniciado los protocolos correspondientes para recabar pruebas y testimonios que permitan reconstruir los hechos con precisión. Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre los responsables, las autoridades han asegurado que no habrá tolerancia con quienes atenten contra la integridad de los potosinos. La presión social y política por resultados inmediatos es palpable, y el gobierno estatal enfrenta el reto de demostrar que las instituciones están a la altura de las circunstancias.

Este lamentable episodio se suma a una serie de incidentes que han sacudido a la entidad, reavivando el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas hasta ahora. Mientras las familias de las víctimas exigen justicia, la sociedad potosina espera que este caso no quede en el olvido, como ha ocurrido con otros en el pasado. La promesa de un estado más seguro sigue en el aire, pero la realidad demuestra que el camino para alcanzarlo está lleno de obstáculos.